Hace poco, a propósito de ciertos gestos del movimiento secesionista, uno dejó constancia de su creencia de que toda estética es, en cierto sentido, una ética. Y esto vale también, por supuesto, para los españolistas. La rapidísima reunión del pleno del Tribunal Constitucional para suspender la Ley de Consultas de la Generalitat y el Decreto que de ella emanaba convocando el referendum de autodeterminación camuflado para el 9 de noviembre, por insólita no puede sino llamar la atención. En las formas está, en cierto modo, el contenido. Y tratar con esta urgencia y solicitud la ley catalana suena a toque de rebato ante la amenaza de la ruptura de España y el orden constitucional - por este orden - y a decisión ya tomada: prejuzgada. El TC debe mantener las formas siempre. No debería convocar reuniones de urgencia y sería menester que mantuviera su apariencia de neutralidad. Cuando, como en esta ocasión, no lo hace, da la razón a los secesionistas: no pueden esperar una mínima imparcialidad del máximo tribunal español; no pueden esperar una resolución justa cuando atiende de esta manera la voz de alarma de uno de los contendientes en la liza jurídica, el gobierno español, y no procede con cautela, sin prisas y sin mostrar un servilismo orientado inequívocamente. El Tribunal no sólo debería ser imparcial, sino parecerlo...
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