El ínclito Vicent Partal no debería ponerse nervioso porque la secesión no avance tan raudamente como esperaba. Es cierto que parece que la secesión no será de un día para otro y que España no parece Serbia a propósito de Kosovo. Como anota con buen sentido, el medio de comunicación que dirige, a propósito del reconocimiento de la secesión kosovar que realizó la Corte Internacional de La Haya, "uno de los argumentos que daba el Tribunal era que ni Serbia ni nadie había dudado del hecho de que Kosovo fuera un sujeto jurídico y político soberano. Con esta impugnación (la de la abogacía del estado) España intenta evitar que un argumento parecido se pueda aplicar en caso de una declaración unilateral de independencia de Catalunya". Mas, uno insiste, Vicent no debería agitarse en exceso. En realidad, el gobierno de CiU está legislando en muchos dominios, por ejemplo, en Enseñanza, como si no hubiera legislación estatal española. Lleva años haciéndolo disimuladamente (y no nos referimos al asunto de la lengua sobre el cual hay un cierto consenso incluso entre buena parte de los secesionistas moderados y de los unionistas pragmáticos) pero en los últimos meses lo hace cada vez más descaradamente. Y eso debería ser una buena noticia para él.
El problema, que el bueno de Vicent uno teme que no vea, es que entre las élites de CiU y de ERC, como también en su momento las del PSC, lleva años planeando una desconfianza irracional, casi atávica, hacia los funcionarios y, sin ellos, no hay Estado que pueda sobrevivir ni mucho menos nacer. Ese es un gran problema para los secesionistas, mucho mayor que el hecho de que España maniobre con más arte que Serbia. Eso sí debería poner nervioso al bueno de Vicent.
Hace años uno escuchó a un cuadro de CiU decir que no le gustaban los funcionarios catalanes porque, en su inmensa mayoría, eran "españoles", miembros de "las fuerzas de ocupación" y que Catalunya debía prescindir de ellos tan pronto como le fuera posible. Las normativas en Educación que se están desarrollando en los últimos años, desatendiendo la normativa "española", inciden cada vez más en la desregulación y el clientelismo pero con ello no están fomentando la aparición de una nueva función pública catalana que reemplace a la "cipaya" sino alimentando el diseño de un modelo sospechosamente parecido al decimonónico del "cesante" y que cuadra mejor con la botiga del senyor Esteve que con las necesidades de un Estado.
Eso sí es preocupante, Vicent, permíteme que te tutee.
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