Uno no ha leído más que lo que las agencias de prensa han publicado pero en cierto sentido da igual. Lo que ha llegado hasta la opinión pública, por llamarla de alguna manera, es que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quiere obligar a la Generalitat a un absurdo que cancela, en realidad, la cooficialidad de catalán y castellano en la enseñanza. Según afirman los medios de comunicación en general, basta con que un alumno solicite que la lengua en la cual se imparten los contenidos curriculares sea el castellano para que deba hacerse así aunque la mayoría de los demás alumnos ni lo demande o si lo hace exprese su voluntad de mantener el catalán.
Lamentablemente, parece justificada la virulenta reacción que se está produciendo hoy no sólo en las tertulias radiofónicas o en los editoriales o noticiarios sino incluso en la calle "real", no en esa que nos retratan los medios. Ante esa inaudita sentencia que, si es tal y como se está interpretando mediáticamente, supone la posibilidad de un absoluto desequilibrio entre ambas lenguas contrario a la Constitución, ese amplio colectivo secesionista coyuntural que ayer señalaba que está a un paso de la desafección por los escándalos de corrupción es probable que reaccione reafirmándose de nuevo en su adhesión a la causa.
Si uno prescinde del contexto y se ciñe al juego de las apariencias que los nacionalistas de uno y otro bando construyen a veces parece que los secesionistas no sólo tengan sus razones sino que tengan razón...
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